Durante su campaña, Donald Trump ha respaldado una política que permite deportaciones rápidas a terceros países considerados “seguros”, aunque los migrantes no provengan de allí. Nuevos acuerdos buscan enviar personas a Liberia, Gabón, Senegal y Mauritania con apenas seis horas de aviso, según documentos internos de ICE.
Ya se han ejecutado algunas deportaciones bajo este esquema, incluyendo envíos a Sudán del Sur, lo que ha generado gran controversia. Expertos legales denuncian que estas prácticas podrían violar el debido proceso, especialmente si los afectados no reciben asistencia legal ni audiencias adecuadas. La medida refuerza el enfoque de mano dura en política migratoria, mientras crecen las críticas por su impacto en los derechos humanos.
