El Negociado de Energía de Puerto Rico emitió una contundente Resolución y Orden advirtiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica que no puede firmar los contratos del programa ASAP sin la aprobación previa de la Junta de Supervisión Fiscal. Según el regulador, aunque los cuatro acuerdos evaluados por LUMA cumplen con la Política Pública Energética y con el Plan Integrado de Recursos, la AEE debe completar el trámite ante la JSAF antes de ejecutar cualquier documento, o estos podrían ser invalidados.
LUMA ya notificó haber sometido los acuerdos finales ante la Junta de Gobierno de la AEE y solicitó confidencialidad debido a información crítica de infraestructura y datos sensibles, petición que fue aceptada por el Negociado. Además, el NEPR aclaró que los 1,500 MW de almacenamiento en el PIR son una guía flexible y no un tope, por lo que proyectos que superen esa cifra deben seguir evaluándose. La comisionada Lillian Mateo Santos emitió un voto disidente parcial sobre el manejo del programa ASAP.
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