El Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó la cláusula del contrato de LUMA Energy y la resolución del NEPR que le otorgaban inmunidad por daños a enseres provocados por fallas eléctricas, pero el mensaje más contundente vino del propio Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO): si LUMA intenta trasladar esos costos a los abonados, volverán a los tribunales sin dudarlo.
La secretaria Valerie Rodríguez Erazo enfatizó que la ley prohíbe “socializar los daños” y calificó como un acto de “soberbia” la alegación de LUMA de que compensar a los consumidores podría costar más de $600 millones anuales. Según DACO, cualquier intento de incluir esa cifra en futuras facturas violaría la normativa vigente y sería impugnado de inmediato. Aunque la gobernadora Jenniffer González reconoció la complejidad del proceso de reclamación, sostuvo que la sentencia evidencia posibles inconstitucionalidades adicionales en el contrato.
Mientras tanto, LUMA aseguró que la decisión podría afectar costos operacionales y tarifas, y el NEPR evalúa su impacto en el esquema tarifario.
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