Desde inicios de julio, las calles de Bamako y otras ciudades de Mali han sido escenario de intensas manifestaciones exigiendo el regreso a la democracia. La chispa fue la reciente decisión de la junta militar de disolver todos los partidos políticos, acompañada de indicios de que el presidente de facto Assimi Goïta planea extender su mandato hasta 2030.
La comunidad internacional observa con preocupación. Organizaciones de derechos humanos han documentado represión violenta, censura y detenciones arbitrarias. Líderes civiles acusan al régimen de incumplir las promesas de transición democrática y de establecer una dictadura de facto.
A pesar de los cortes de Internet y la presencia militar, las protestas crecen día a día. Algunos analistas temen que la situación degenere en un conflicto armado o en una mayor intervención extranjera en la región del Sahel.
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